Una delegación del Parlasur denuncia 32 muertos, 832 heridos y 1513 detenidos en Bolivia

Una delegación del Parlasur denuncia 32 muertos, 832 heridos y 1513 detenidos en Bolivia

Tras una visita oficial la semana pasada a Bolivia, una delegación de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlasur, el parlamento del Mercosur, denunció hoy «la participación de las Fuerzas Armadas en operativos para control del orden público (…) produjeron hasta el momento 32 víctimas fatales, 832 personas heridas y 1513 detenidas», desde el «golpe cívico-militar» que terminó con el gobierno de Evo Morales.

En un comunicado, la comisión también denunció «declaraciones, discursos y ataques de odio racial dirigidos a los pueblos indígenas del país, principalmente a sus mujeres y sus símbolos»; además, de «graves amenazas, ataques físicos y a las viviendas dirigidas a líderes, asambleístas y dirigentes sociales, funcionarios y funcionarias y dirigentes de instituciones independientes del Estado, y los organismos nacionales de promoción y protección de los derechos humanos».

Asimismo, se mostró preocupado por la decisión del gobierno de facto de Jeanine Áñez, de «no otorgar salvoconducto a dirigentes que se encuentran con asilo en embajadas» -como la mexicana- y por «la persecución a periodistas nacionales y extranjeros», como sucedió con varios equipos de televisión argentinos.

La delegación, compuesta por los legisladores Cecilia Merchán, de Argentina; Ricardo Canese, de Paraguay; Carlos Reutor, de Uruguay; y Fernanda Melchionna, de Brasil; y el secretario de Relaciones Internacionales del parlamento regional, Luis Seara, estuvo en Bolivia el jueves y viernes pasado y se reunió con «todos los sectores políticos legítimamente constituidos en la Asamblea Legislativa, organizaciones de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo y las víctimas y familiares de víctimas de la represión».

Hoy, en su página web, difundió un resumen de las violaciones a los derechos humanos que pudieron confirmar y una serie de propuestas para reencauzar el proceso constitucional en el país andino.

La delegación llamó a un «avance en el diálogo representativo de todos los actores políticos y sociales democráticos del Estado Plurinacional de Bolivia» y «del cronograma electoral alcanzado por acuerdo de los bloques de la Asamblea Legislativa».

También pidió «la debida reparación a las víctimas y la promoción de justicia a sus familiares», «la garantía de defensa y debido proceso a las personas que continúan en prisión luego de las manifestaciones», «salvoconductos a asilados que así lo solicitan», «juicio y castigo a los grupos de odio e intolerancia que operaron como paramilitares», y «Una ley de garantías constitucionales que permita la reparación de la violación a los derechos y ningún tipo de persecución a ciudadanos y ciudadanas por ninguna razón política ni de identidad».

El comunicado hizo especial hincapié en exigir «la no participación de las fuerzas militares para reprimir las protestas sociales y políticas» y «el cese inmediato a la represión social, a la persecución y a los actos discriminatorios sobre los pueblos originarios», como condición necesaria para «un verdadero diálogo nacional».

Finalmente, propuso «la conformación de una comisión formada por distintos organismos regionales e internacionales que acompañen el proceso de restitución de todos los mecanismos constitucionales».

Informe de una delegación argentina en Bolivia denunció torturas a niños y adultos

La delegación Argentina en Bolivia compuesta por organizaciones sociales, políticas y sindicales que arribó a ese país para realizar verificaciones sobre violaciones a los derechos humanos había registrado días antes, en su primer informe preliminar, la existencia de «numerosas torturas a niñas, niños adolescentes y adultos mayores, así como la falta de investigaciones judiciales y la ausencia de atención sanitaria a la población», según indicaron.

La comitiva regresó ayer a la Argentina, y este martes a las 11 en SiPreBA realizarán una conferencia de prensa en donde presentarán el mismo.

El relevamiento fue el resultado de una jornada de trabajo encabezada por referentes como Juan Grabois (CTEP), Daniel Catalano (ATE) y otros dirigentes argentinos luego de que fueron demorados ayer durante varias horas por las fuerzas de seguridad bolivianas cuando arribaron al aeropuerto Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra.

«Existe responsabilidad directa del Estado por las muertes, heridos, detenciones ilegales y otros abusos y vejaciones ocurridas en la zona de Senkata, en El Alto, como consecuencia del actuar represivo de las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas, y el posterior encubrimiento de los demás autoridades judiciales, policiales y administrativas», consignaron fuentes a Télam.

Entre los puntos del informe, se señala que «numerosos testigos han denunciado torturas a niñas, niños adolescentes y adultos mayores», y que «entre los casos recepcionados se han recolectado testimonios que refieren haber encontrado dos cuerpos de mujeres violadas y atacadas sexualmente en vida, y luego de su muerte. Asimismo, existen testimonios que refieren haber visto cuerpos mutilados y desmembrados».

También da cuenta de «amenazas a los abogados particulares» de las víctimas, y que «las defensorias públicas no están cumpliendo su función con perseguidos penalmente por falsos delitos», y que «en particular hay tres niños y adolescentes con capacidades especiales que están detenidos ilegalmente».

«Hasta el momento hemos relevado casos de heridos alojados en sus casas y frente al peligro de la detención y la no atención correspondiente en hospitales y clínicas están sobrellevando esta penosa situación con total desamparo».

«Además, en muchos casos se les ha negado la atención médica de emergencia en razón de su ideología política en tanto fue sistemático el incendio de casas de dirigentes identificados con el MAS, y líderes políticos populares», sostienen.

«Visitamos también a la senadora del MAS por Chuquisaca, María Balboa, quien se encuentra en huelga de hambre desde hace seis días hasta la aprobación de una ley que reafirma el ejercicio de los derechos y garantías del pueblo boliviano», añaden en el texto.

El informe concluye con que «todo lo registrado hasta ahora refleja en profundidad que la actuación represiva y la violencia ejercida tiene su fundamento principal en el odio racista hacia el pueblo y naciones indígenas que integran el estado de Bolivia».

Fuente: Conclusión

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